El grupo municipal independiente APTC de Tres Cantos y varias asociaciones vecinales acusaron al equipo de Gobierno de convertir el crecimiento de la ciudad "en un PAU más de Madrid donde prima la rentabilidad económica sobre el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo modélico".

Según manifestó APTC, "los últimos días de julio, con nocturnidad y alevosía, el Gobierno municipal aprobaba de manera inicial el Plan Parcial que desarrolla el Plan General, dejando agosto como mes de consulta por parte de los vecinos y presentación de alegaciones".

En este sentido, criticó que el equipo de Gobierno utiliza "su exigua mayoría" para modificar un Plan general "que fue aprobado por una mayoría amplísima y cuya gestión fue diseñada para que los beneficios repercutiesen en todos los vecinos del municipio", y añadió que el Ejecutivo local "no ha dudado un instante en eliminar dotaciones y espacios verdes, para que la empresa adjudicataria gane más dinero en menos tiempo".

Asimismo, aseguró que el proyecto del Ayuntamiento "multiplica por dos el número de viviendas y hace desaparecer casi todo el suelo destinado a nuevas empresas". "La calidad de las viviendas se ven reducidas, aplicando parámetros más cercanos a municipios del sur de Madrid que a nuestros vecinos de Pozuelo o Las Rozas", indicó APTC, al tiempo que aseguró que esta medida "obedece a presiones de la empresa adjudicataria del Plan, Fomento de Construcciones y Contratas, que quiere maximizar la inversión realizada en nuestro municipio".

"PRESIONES DE LA COMUNIDAD"Además de calificar de "alarmante" el incremento del número de viviendas, afirmó que la ciudad "está recibiendo presiones de la Comunidad y el cercano municipio de Colmenar Viejo para recalificar los terrenos y abonar así los altísimos costes de la Sentencia del Tagarral". "De este tema el Gobierno local no quiere oír hablar, pues cuando se concrete Tres Cantos dispondrá de un número de viviendas para alojar a más de 100.000 habitantes", agregó.A este respecto, varias asociaciones y colectivos de la ciudad se están planteando llevar a cabo movilizaciones e incluso, si las próximas elecciones provocan un cambio de Gobierno, paralizar los "devastadores resultados" de una medida que consideran impopular.

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