MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los registros judiciales que se efectúan desde primera hora de hoy en distintas sedes del Ayuntamiento de la capital se enmarcan en una operación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 32, iniciada "varios meses antes" del verano en colaboración con la propia Administración local, y relacionada con presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho consistentes en el cobro de comisiones para agilizar licencias precisas para la apertura o el funcionamiento de locales en la ciudad.

La investigación afecta "aproximadamente" a un total de 16 funcionarios, según explicó en rueda de prensa el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, quien insistió en que estas actuaciones, que se encuentran bajo secreto sumarial, no están vinculadas con operaciones de calificación urbanística ni en particular con la Operación Malaya.

"No tiene absolutamente ninguna relación, no tiene nada que ver", insistió Cobo respondiendo también a preguntas de periodistas sobre posibles nexos de las actuaciones con la abogada Montserrat Corulla, implicada en la citada trama de corrupción urbanística de Marbella y que tramitó varios expedientes en la Gerencia de Urbanismo de la capital.

Según dijo, la "inmensa mayoría" de los funcionarios investigados llevan "muchísimo tiempo" trabajando dedicados al Ayuntamiento de Madrid, y entre ellos no figuran "responsables políticos", esto es, ningún concejal, alto cargo, director general o personal de libre designación de las áreas y sedes registradas.

La investigación comenzó a raíz de una denuncia presentada por un particular que en los trámites de obtención de una licencia advirtió un comportamiento presuntamente delictivo y alertó de la situación.

El ’número dos’ del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón hizo hincapié en que el número de funcionarios bajo sospecha es "muy limitado" y que su conducta presuntamente delictiva no es extensible al resto de personal empleado en el Consistorio que trabaja con "honradez y eficacia". No obstante, apuntó que la investigación judicial afecta también a "personas que no trabajan en el Ayuntamiento".

REGISTROS EN DOMICILIOS Y EMPRESAS

Cobo explicó que como consecuencia de esta operación desde las 9.30 horas de hoy se estaba procediendo a la entrada, registro e incautación de documentos en cinco sedes del Ayuntamiento de Madrid (Concejalías de Urbanismo y Vivienda y de Medio Ambiente, y las Juntas Municipales de Distrito de Centro, San Blas y Chamberí) así como en domicilios particulares y "oficinas diversas" de empresas.

En el caso de las sedes municipales, precisó que, "actuando de la mano" del Juzgado de Instrucción número 32 y "siguiendo pautas" del mismo, se ha facilitado el acceso a ordenadores de los presuntos responsables de delitos y el registro de mesas, armarios y archivos.

También se han aportado "expedientes administrativos solicitados", el nombre de funcionarios que han gestionado dichas actuaciones, la relación de consultas a diferentes bases informáticas, y los datos de licencias solicitadas, obtenidas o denegadas, "a ciertas personas o sociedades".

LOCALES "DE TODO TIPO"

El vicealcalde dijo no poder precisar la cuantía de las comisiones que presuntamente cobraban los funcionarios investigados ni el nombre de éstos, pero avanzó que las licencias que habrían sido objeto de cohecho y tráfico de influencias corresponden a locales "de todo tipo".

A este respecto, dijo que son "varias" las empresas que estarían implicadas y que, por tanto, no se trata de una determinada que hubiera obtenido "trato de favor a lo largo del tiempo".

Cobo, que justificó su comparecencia en primera persona por haber sido él el interlocutor directo con el juez y la Guardia Civil, hizo hincapié en que los registros de esta mañana no se produjeron "por sorpresa contra el Ayuntamiento" y los responsables de éste, sino que el equipo de Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón ha "participado" desde el principio en la operación y que, además, la entrada en sedes municipales del día de hoy se hizo en colaboración con agentes de la Policía Municipal.

Así, subrayó la "transparencia" del Ayuntamiento como institución y también del equipo de gobierno en este ámbito, y su colaboración con la Administración de Justicia para "perseguir y corregir" este tipo de "conductas presuntamente delictivas".

El vicealcalde aseguró que la actuación dirigida por el juez "sigue en marcha" y aseguró no poder informar de si ha habido detenidos o de cuántos serían. "Es prematuro", argumentó, remitiéndose una vez jamás al secreto sumarial establecido sobre las actuacionesLos funcionarios cobraban por retrasar expedientes sancionadores.

ABC 15 NOV 2007. MADRID Los 16 funcionarios detenidos tenían una «organización estable» SARA MEDIALDEA Un registro múltiple sobre varias sedes municipales de la capital, ordenado por el juez José Santiago Torres, del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, sacó ayer a la luz una trama de funcionarios que presuntamente cobraban comisiones -entre 12.000 y 20.000 euros por actuación, según algunas fuentes de la investigación -a cambio de agilizar los trámites de las licencias de actividad de diferentes locales. Al menos hay 16 funcionarios y técnicos detenidos, según informó la Guardia Civil. Los delitos por los que se les investigan son los de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. La «Operación Guateque», como la bautizó la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil, llevaba meses trabajando en la investigación de una presunta trama de corrupción funcionarial que, según explicó el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, «funcionaba como una organización estable en el tiempo» cuyo fin era «obtener dinero». Al cierre de esta edición, la operación seguía abierta. La investigación está bajo secreto de sumario. Todo comenzó con la denuncia de un particular, que decidió acudir a los juzgados ante la petición de una cantidad económica para resolver sus problemas con una licencia de actividad. El juez que instruye el caso se puso en contacto con el Gobierno local en junio, para ponerles en antecedentes y solicitar su colaboración, que «obtuvo de inmediato», indicó el vicealcalde Manuel Cobo. Escuchas telefónicas Desde ese mes, se han venido realizando escuchas telefónicas a los implicados. Alguno de ellos llegó a exigir telefónicamente cantidades importantes de dinero a cambio de una licencia, cuya tramitación podía verse sensiblemente reducida y pasar de un mes a «perderse» durante dos años. El juez ordenó ayer un registro múltiple que afectó a la concejalía de Urbanismo, la de Medio Ambiente, y las juntas municipales de Chamberí, San Blas y Centro, además de a varios despachos profesionales y domicilios. Allí se presentaron, sobre las 09,45 de la mañana, varios coches con agentes de la Guardia Civil. En cada una de las sedes municipales de los registros les esperaban cuatro agentes de la Policía Municipal, enviados esa misma mañana por el Gobierno local con órdenes de «ponerse a disposición de la autoridad judicial». «Nosotros sabíamos que el juez iba a actuar; llevamos meses colaborando con él en la investigación», aclaró el vicealcalde, Manuel Cobo. En estos registros, los agentes se incautaron de los ordenadores de los presuntos responsables de unos 200 expedientes, además de armarios, archivos, nombres de funcionarios y la relación de números telefónicos y llamadas. Entre otras dependencias, la Guardia Civil ha entrado en el departamento de zonas protegidas del área de Urbanismo, que se encarga de la concesión de licencias en el casco histórico de la ciudad, y también en distintas oficinas de Medio Ambiente. Según pudo saber ABC, los funcionarios implicados tenían relación con la tramitación de licencias de actividad de locales -comerciales y de ocio-, que precisan de informe medioambiental positivo para concederse. La investigación pretende determinar si quienes acudían a ellos para conseguir la licencia que les permitiera abrir su negocio, se encontraban con dos posibilidades: pagar determinadas cantidades -en muchas ocasiones, no directamente sino a través de gestorías a las que eran remitidos-, o ver cómo su expediente se eternizaba en la fase de tramitación. Dichas oficinas externas o gestorías en ocasiones estaban dirigidas por profesionales como arquitectos y abogados. «Sin cargos políticos» Eran, aseguró Cobo, funcionarios «que ni tenían cargos políticos ni de confianza, y que llevaban muchos años en el Ayuntamiento». Según pudo saber ABC de fuentes municipales, algunos eran objeto de sospechas en las juntas de distrito en que trabajaban. «Muchos teníamos dudas sobre la actuación de grupos de funcionarios que se ponen de acuerdo para actuar», indicó un ex responsable de una de las juntas municipales, «y lo hacen en colaboración con otros que se han ido del Ayuntamiento y han montado despachos». El hecho de que los registros afectaran a la sede de Urbanismo y fueran ordenados por un juez llamado Torres -el mismo nombre del titular de la «Operación Malaya»- provocó cierta confusión en las primeras horas de la mañana respecto al motivo de la actuación judicial. «Malaya» y «Guateque» No obstante, el vicealcalde Manuel Cobo aclaró que la investigación de ayer no tenía «nada que ver» con la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella: «Se trata de pocos funcionarios que cobraban comisiones en relación con el trámite de licencias de funcionamiento de locales». Una tesis que también sostuvo ayer el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix: «Por ahora, no hay ninguna vinculación ni con políticos ni con el caso Malaya», explicó a ABC. La Guardia Civil indicó que la operación continua abierta y hoy se esperan nuevos registros

CORRUPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID - La investigación Los detenidos en la trama de corrupción ascienden a 16 Son sospechosos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias y funcionaban como "una organización estable".- El caso afecta a abogados y arquitectos.- Diez registros en tres juntas de distrito, dos concejalías, empresas y viviendas . El País D. VERDÚ / J. A. HERNÁNDEZ / J. A. RODRÍGUEZ - Madrid - 14/11/2007

La Guardia Civil realizó ayer miércoles diez registros simultáneos en sedes del Ayuntamiento de Madrid, en concreto la delegación de Medio Ambiente y la Gerencia de Urbanismo, así como tres juntas de distrito -Centro, Chamberí y San Blas-, además de empresas y viviendas. La operación, bautizada como Guateque, ha destapado una presunta "trama de corrupción".

El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, precisó que afecta a 16 funcionarios aunque desconocía el número de detenidos. Fuentes del caso confirmaron esa cifra a última hora de la tarde. Están acusados de presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. En contra de lo dicho por el Consistorio, el Gobierno ha apuntado que también están implicadas personas que no son empleadas públicas. Se trata de abogados y arquitectos, según ha podido saber ELPAIS.com. Funcionaban como "una mínima organización estable" que obtenía beneficios a través del cobro de comisiones.

¿A cuánto ascendían las comisiones?

Así, según Cobo la "inmensa mayoría" son empleados públicos "con muchísimo tiempo" dedicados al Ayuntamiento y entre ellos no figura ningún concejal, alto cargo, director general o personal de libre designación responsables de las áreas registradas. Cobo, que exculpó en todo momento a los concejales, explicó que cobraban comisiones a cambio de agilizar licencias comerciales.

Según fuentes del caso, sobre todo cobraban por retrasar expedientes sancionadores. El vicealcalde de Madrid ha explicado en rueda de prensa que la investigación arrancó "antes del verano" a raíz de la "denuncia de un particular". Cobo ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento ha colaborado desde el principio y "estrechamente" con la justicia, al tiempo que ha señalado que él ha sido el encargado de informar porque es el interlocutor con el juez encargado del caso, José Santiago Torres, titular del juzgado de instrucción número 32 de Madrid.

El magistrado ha decretado secreto de sumario. Cobo no pudo precisar la cuantía de las comisiones, al tiempo que hizo hincapié en que la operación se ha lanzado no contra el Ayuntamiento sino contra funcionarios concretos. Al parecer, se trata de empleados públicos con mucha antigüedad.

Según fuentes del caso, en el marco de la investigación se produjeron numerosas intervenciones telefónicas, con unos 10 teléfonos pinchados. Además de las sedes municipales, también se produjeron registros en casas particulares y empresas. Los agentes, de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, se incautó de diversa documentación y de ordenadores. "Estamos con el juez", dijo Cobo, que quiso recordar que "la mayoría de los funcionarios son honrados". Para el vicealcalde, la prueba de que los concejales de Medio Ambiente y urbanismo son inocentes es que ocuparon sus cargos en mayo y el cobro de comisiones es muy anterior.

Implicados abogados y arquitectos

En contra de lo que algunos medios habían informado en un principio, "no tiene absolutamente nada que ver con la Operación Malaya ni con operaciones urbanísticas". Tras la intervención de Cobo, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, contradijo la versión municipal al asegurar que la operación "afecta a una serie de funcionarios y gente que no lo son".

El ministro no concretó de quién se trata, pero EL PAÍS ha podido saber que son abogados y arquitectos. El ministro explicó, en los pasillos del Congreso, que esta operación "sigue abierta". Rubalcaba especificó que esta operación se debe a una trama de corrupción urbanística, consistente "básicamente en cohechos y cobro de comisiones ilegales".

Por su parte, el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, detalló que funcionaban como "una mínima organización estable" que obtenía beneficios a través del cobro de comisiones por agilizar la tramitación de expedientes para la apertura de locales.

En declaraciones a la Cadena Ser, Moix precisó que los funcionarios investigados integraban "una organización con una estabilidad que permanece en el tiempo y que ha ido realizando una actuación dirigida a obtener dinero".

Fuentes del caso agregaron que usaban intermediarios para la captación y cobro de comisiones. Moix también descartó la "conexión política o relación con la Operación Malaya". El fiscal jefe aclaró que las detenciones practicadas no son por delitos urbanísticos, sino por cohecho.

En cuanto a la cuantía de las comisiones, insistió en que todavía es difícil "cuantificar el monto total del dinero que se ha manejado". "Eso se valorará una vez que analicemos los datos que maneja la Guardia Civil".

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado que los funcionarios serán puestos a disposición judicial "probablemente el sábado".

20 MINUTOS IZASKUN PÉREZ. 15.11.2007 Una licencia de 18 meses se podía conseguir en 40 días.Los precios iban de los 6.000 a los 30.000€. La red se apoyaba en despachos que actuaban de sucursales.La investigación sigue abierta. Los hasta ahora 16 detenidos en la supuesta trama de corrupción de funcionarios del Ayuntamiento de Madrid también cobraban por retrasar expedientes sancionadores, según cuenta hoy El País. Por agilizar el trámite de las licencias, sobre todo locales de ocio, los acusados pedían entre 6.000 y 30.000 euros. Así, un permiso de funcionamiento que debía expedirse en 18 meses se podía conseguir en 40 días.

En la operación, bautizada como ’Guateque’, se pincharon al menos diez líneas de teléfono para seguir los pasos de la red. La investigación se abrió gracias a la denuncia de un particular. "Si no me das un kilo esta licencia no la tendrás nunca", le decían los funcionarios a los comerciantes interesados en abrir locales, según El País.

"Si no me das un kilo esta licencia no la tendrás nunca". La red se apoyaba en unos cuatro despachos en los que trabajaban abogados, arquitectos, funcionarios en excedencia o los hijos de éstos. Por lo general, según El Mundo , el interesado entraba en contacto con estos despachos a través de un funcionario que le explicaba las condiciones del trato para agilizar su trámite.

Por otra parte, según la información que recoge lavanguardia.es citando fuentes de la investigación, el número de los detenidos se podría incrementar notablemente puesto que 187 personas están siendo investigadas. La operación sigue abierta y no se descartan más detenciones.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que no podía precisar más sobre quiénes son los investigados y se remitió a la información que facilitará la Guardia Civil cuando avancen las investigaciones, aunque "va a tardar tiempo", advirtió.

La Asociación de Víctimas de Expropiación y Usurpaciones Patrimoniales Inmobiliarias aseguró ayer que desde 2002 viene denunciando la supuesta trama de funcionarios de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid por cobrar comisiones para agilizar los trámites administrativos.

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